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01 de Julio de 2009
UN JUZGADO DE MÉRIDA DENIEGA LA ENTRADA EN EL DOMICILIO DE UN CENTRO CONCERTADO AL COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS

Son ya muchos los años en los que el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias del Distrito y Universitario viene de forma reiterada requiriendo a nuestros Centros Educativos y a la propia FERE-CECA y EYG, como Institución que los representa, a fin de que se les facilite información sobre los profesores que imparten docencia en los niveles de ESO y Bachillerato, para instar a éstos a su colegiación, alegando que la actividad que realizan es profesional, por tanto, que la colegiación es obligatoria para ellos.

Muchos han sido también los tira y afloja vividos durante estos años entre los tres actores de esta obra, el Ilustre Colegio Profesional, los centros educativos, y la propia FERE-CECA y EYG.
 
El penúltimo capitulo de esta historia lo hemos conocido en el mes de Julio, cuando el Ilustre Colegio ha demandado a un centro de esta comunidad solicitando en un Juzgado de Mérida poder acceder en su domicilio privado, es decir, entrar  en la secretaría del centro para copiar los archivos con los datos personales de los profesores que prestan docencia en el mismo. Sin embargo, el Juzgado ha denegado tal petición, para lo cual, recoge los argumentos dados por la asesoría jurídica de EC de Extremadura, que te los resumo a continuación:
 
Ausencia de amparo legal que justifique la medida

La Sentencia que ahora estamos examinando del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Mérida, recoge claramente que la petición de entrada en los archivos del centro educativo por parte del Ilustre Colegio para comprobar los datos personales de los docentes que allí trabajan carece de amparo jurídico alguno que la justifique porque para adoptar la medida de entrada en el domicilio del centro debió haberse dado las siguientes circunstancias:

- Existencia de un procedimiento administrativo, en el cual, el centro educativo hubiera podido responder y alegar en su defensa lo que hubiera estimado conveniente. En este caso, hay una petición de entrada en los archivos del centro educativo, sin estar acreditado que la resolución final emanada del Ilustre Colegio tenga carácter propiamente administrativo.

En este caso la propia Sentencia entiende que estamos ante una ausencia de acto administrativo que se tenga que ejecutar y cabe recordar en este punto que no todos los actos que emanan de los Colegios profesionales tienen carácter administrativo.

- La medida debe ser proporcionada al fin que se busca con ello, en este caso, la propia Sentencia lo denomina como “necesidad justificada de penetrar en el domicilio” para conseguir los fines perseguidos en la ejecución de un acto administrativo.

Pues bien, tal y como se decía en el punto anterior, si la propia sentencia reconoce que no hay acto administrativo, es imposible que pueda haber ejecución de tal acto, con lo cual, la medida que solicita el Ilustre Colegio es a todas luces desproporcionada, tal y como manifestó el propio Ministerio Fiscal en su contestación

Relación laboral del profesorado y no profesional
 
Sin embargo, además de lo anterior la Sentencia considera desproporcionado pedir tal medida por el Colegio Profesional, y para ello nos deja unos argumentos que son muy clarificadores de la controversia que durante tanto tiempo vienen debatiendo el Ilustre Colegio como los Centros y la propia FERE-CECA y EYG, esto es, ¿que relación mantienen los docentes con los centros educativos? ¿Relación profesional o estrictamente laboral?

Pues bien, el Juzgado de los Contenciosos Administrativo nº 2 de Mérida es muy clarificadora en éste sentido y considera que la actividad de los docentes en los centros privados concertados es puramente laboral y sometida a un control por parte de la Administración educativa, en este caso, la Comunidad Autónoma competente.

Literalmente la Sentencia nos dice:

“La entrada en un centro privado de enseñanza, concertado, a fin de averiguar las personas que ejercen allí sus funciones, parece totalmente desproporcionado, como mantiene el Ministerio Fiscal, frente al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, máxime cuando nos encontramos con personas que ostentarán una relación laboral en un centro educativo, cuyo control es ejercido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, sin que consten indicios ni de que estemos ante un supuesto de ejercicio privado de la profesión, ni de intrusismo profesional.”

En conclusión, el juzgador considera que la relación de los docentes con el centro es meramente laboral, quedando fuera de todo ámbito privado o profesional, por ende, este Juzgado considera que no existe intrusismo profesional.  


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